Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de
modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme
oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la
seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva
y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo
competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia.
Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de
la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo
dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector
tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo
y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas,
introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su
proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y
entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances
tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y
emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente
de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes
diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de
su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades
asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos
a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no
es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el
control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin
vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para
sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que
se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan
desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias
políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos
modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo
libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red
en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para
el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad
intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento,
promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades
gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras
el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas
las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios
legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no
orgánica y que versa sobre otra materia.